Demandan el reconocimiento de la vigilancia indígena para prevenir los conflictos

DAR Las comunidades indígenas han cumplido el rol de vigilantes permanente frente a diversos impactos ambientales y sociales que han sufrido históricamente en sus territorios, como: invasiones, derrames de petróleo, tala ilegal de madera, entre otros, sin embargo, este trabajo colectivo no tiene el reconocimiento legal por parte del Estado, solo hay dos casos excepcionales a nivel regional: Loreto y Ucayali, siendo las primeras regiones del país en reconocer mediante Ordenanzas Regionales la existencia de la vigilancia indígena.

“El Estado debe reconocer los sistemas de la vigilancia indígena como una estrategia clave para la prevención de los conflictos, la protección de la Amazonía, de los bosques y los territorios”, señala el antropólogo Diego Saavedra, de la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Para Agilio Semperi, Presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), Cusco, es fundamental el reconocimiento de la vigilancia indígena a nivel del gobierno central, para que tengan representatividad y puedan tener acceso a información, señala que mediante el proyecto Fortaleciendo la vigilancia indígena, que trabajó durante dos años en cuatro regiones de la Amazonía: Cusco, Ucayali, Loreto y Junín; su organización COMARU pudo intercambiar información con los programas de monitoreo y guardabosques que están dentro de las comunidades nativas.

“Tiene que haber un control dentro de la vigilancia el tema social, ambiental y económico, el programa de monitoreo no solamente va controlar a las empresas sino también a las municipalidades, que también hacen proyectos de envergadura en las comunidades nativas”, añade Semperi.

“Lo que plantean los pueblos indígenas no es una estructura nueva de vigilancia indígena, se plantea que el Estado reconozca lo que ya los pueblos vienen haciendo, como la preservación de sus territorios y vencer las barreras de discriminación”, sostiene Iris Olivera, Coordinadora del Proyecto Fortaleciendo la vigilancia indígena que DAR desarrolló junto con las organizaciones indígenas CARE, COMARU, ACODECOSPAT y ORAU.

Desde la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República también se han dado iniciativas, actualmente se encuentra en proceso de aprobación el pre dictamen para el reconocimiento nacional de la vigilancia indígena.

En esa misma línea, el Viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre Chang, señaló que el Ministerio del Ambiente a través del OEFA ya ha desarrollado una normativa de monitoreos ambientales participativos que buscan recoger, valorizar y poner en valor el conocimiento de las comunidades locales para ejercer la vigilancia. “En el caso de las comunidades nativas, la vigilancia integral es de suma importancia porque ellos conocen el territorio y la participación de ellos es la mejor forma de prevenir conflictos. Hemos visto casos como el programa de monitoreo ambiental comunitario de bajo Urubamba, los procesos de participación y vigilancia indígena en cuatro cuencas, en diferentes ámbitos de la gran amazonía peruana, se están dando procesos de vigilancia comunitaria que queremos rescatar consolidar y formalizar en la normatividad”, señaló.

Para las comunidades indígenas no institucionalizar y formalizar a las organizaciones en el proceso de vigilancia representa una amenaza. “Hay una política de desarrollo visto desde el mundo occidental, donde cada vez se viene flexibilizando las leyes para permitir la inversión privada, y seguir vulnerando los derechos de los pueblos, interviniendo en sus territorios y desarrollando actividades que van destruyendo nuestro medio ambiente y la vida de quienes vivimos en ese espacio”, afirma Alonso López Tejada, Presidente de la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT).

Desafíos:
Los pueblos indígenas han estado invisibilizados y discriminados, sin tener acceso a servicios básicos, para ellos el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia indígena existentes es clave, por lo que buscan institucionalizarse, formalizarse al interior de sus organizaciones y su reconocimiento legal por parte del Estado, como parte de su camino a la integración a los canales estatales de fiscalización territorial, ambiental y social.

Ruth Buendía, dirigente indígena, vice presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), destaca que el trabajo emprendido desde hace dos años con DAR y cuatro comunidades indígenas del país ha permitido hacer incidencia política a nivel local y regional. “Nosotros (CARE) hemos logrado hacer un convenio con la Dirección Regional de Educación de Junín. Estamos coadministrando las contrataciones e intervenciones de monitoreos de educación, además ejecutamos proyecto con el gobierno regional sobre el caso de la evaluación de desnutrición crónica que tenemos en nuestras comunidades. Y el desafío que tenemos es recategorizar nuestro puesto de salud de nuestras comunidades de la cuenca del Ene”, dice.

Lizardo Cauper Pezo, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) concluye “Para que se dé la vigilancia indígena necesitamos dos cosas: En la parte política es que los gobiernos nacional, regional, local tiene que tener una normativa donde reconoce el trabajo que realizan las comunidades a través de sus propias iniciativas de control y vigilancia indígena; la otra parte es la parte de ayuda logística económica que puede dar la solvencia a esta iniciativa, por eso queremos que este tipo de iniciativa se institucionalice dentro de los gobiernos del Estado”.

Cabe señalar que el proyecto Fortaleciendo la vigilancia indígena, dirigido a fortalecer los sistemas de vigilancia en las actividades extractivas, infraestructura, salud, educación, territorio, entre otros, fue ejecutado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y cuatro organizaciones indígenas: Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU); la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (Acodecospat), Loreto; la Central Asháninka del Río Ener (CARE), Junín; y la organización indígena Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), Cusco.

 

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