La Quinta fiscalía provincial Penal Corporativa de Huánuco, logró la sentencia de dos años de pena privativa de la libertad suspendida en contra de Graciela Alvarado Ramírez (50), que deberá pagar una reparación civil de S/ 600 soles.

CARCEL

La sentencia fue emitida por el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco, luego que la fiscal adjunta provincial Aurora Paola Roncal Acosta sustentara los medios probatorios de este caso que se inició en el 2018.

Según los alegatos, los hechos sucedieron luego que León Mayes Fabián, transfiera su posesión del terreno ubicado en el anexo de Huairajirca, Santa María del Valle, con una extensión de 1250 metros cuadrados a favor de la agraviada, Nela Zevallos Mais, con fecha 3 de mayo; la misma que, desde ese momento comenzó a sembrar maíz.

Sin embargo, el 9 de mayo, la acusada, Graciela Alvarado Ramírez y su madre, Apolinaria Policarpa Ramírez Mays, de 77 años de edad, (investigada en el mismo proceso y que falleció posteriormente) ingresaron al terreno y amenazaron al peón, haciendo que este se retire. Eso generó la reacción de la agraviada que presentó una denuncia ante las autoridades de Santa María del Valle, las mismas que constataron que las mujeres se hallaban en el interior del terreno aduciendo ser las verdaderas propietarias.

Luego la denunciante siguió realizando actos de posesión y contrató a otro peón para la fabricación de adobes con el objetivo de construir una casa en la parte alta del terreno. El 20 de mayo de 2019, ambas denunciantes ingresaron al terreno y con machete en mano amenazaron al trabajador, y luego de lograr que este abandonara el lugar, junto a un grupo de personas comenzaron la construcción de una casa de material rústico; impidiendo que la denunciante vuelva a ingresar a su terreno.

Este nuevo episodio generó una nueva denuncia ante Seguridad del Estado. Posterior a ello, las autoridades constataron que las denunciantes se hallaban en el terreno. Las posteriores constataciones policiales volvieron a confirmar la posesión del lugar de parte de las denunciadas, las mismas que argumentan que el terreno les fue heredado por uno de sus familiares.

Ante los hechos, la pena solicitada por el Ministerio Público fue de seis años de pena privativa de la libertad efectiva y la inhabilitación de acudir al predio de Huayrajirca y la restitución del bien inmueble; no obstante, el Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco emitió la sentencia de dos años de pena de la libertad suspendida contra Graciela Alvarado Ramírez, por la comisión del delito de usurpación.

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