El trabajo multisectorial que el Gobierno viene realizando para enfrentar el desastre ambiental producido por el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla permitió atender la urgencia económica de miles de pescadores perjudicados y avanzar sostenidamente en la recuperación de los lugares afectados para que nuevamente estén a disposición de la población.
El problema ambiental generado por el derrame de petróleo es muy complejo en cualquier lugar del mundo. El Gobierno articuló sus equipos ministeriales y atiende el problema en base a experiencias mundiales, con apoyo de expertos extranjeros, reduciendo los tiempos de remediación de daños y recuperación de las zonas impactadas.
Desde que ocurrió el derrame, y hasta la actualidad, han venido trabajando en las zonas afectadas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Oefa y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado Sernanp; así como la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del ministerio de Salud.
Además, el Instituto del Mar del Perú, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, del Ministerio de la Producción, además de otras instancias.
Cuando se produjo el derrame de petróleo, las entidades supervisoras y fiscalizadoras del Estado llegaron al lugar a verificar in situ el daño ambiental y recoger información para determinar el impacto económico y social en toda la zona afectada.
El Estado, a través de las instituciones correspondientes, aplica las sanciones de acuerdo a la normatividad vigente y las cláusulas de contrato firmado con Repsol, administradora de la Refinería La Pampilla SAA, “a la empresa le correspondía ejecutar un plan de contingencia que incluía el control de la expansión del petróleo, la limpieza de las playas y del agua de mar, así como el recojo de especímenes muertos y el rescate, atención y liberación de animales contaminados, entre otras acciones de corto plazo…”informaron.