El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Ica dirigió el operativo que permitió la desarticulación de la organización criminal ‘Los incorruptibles de Ica’, integrada por policías y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Ica que se dedicaban al cobro de cupos a transportistas.
La diligencia de allanamiento, incautación y detención fue dirigida por los fiscales adjuntos Luis Mansilla Velásquez –a cargo de este despacho fiscal– y Rosmely Guillén Cortez; con el apoyo del personal de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.
Esta operación se realizó en simultáneo en 14 inmuebles ubicados en las ciudades de Ica, Cusco y Tacna; permitiendo la detención de 13 presuntos integrantes de dicha red delictiva.
La hipótesis fiscal refiere que, durante el 2018 y 2019, la mayor PNP Carol Coa Durand, presunta cabecilla de esta organización criminal, –en su condición de jefa de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de Ica– habría organizado, constituido e integrado una red criminal conformada por efectivos policiales que laboraban bajo su mando, con la finalidad de obtener beneficios económicos indebidos.
Esta red ilícita –¬ investigada por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho en el ejercicio de la función policial– habría operado bajo el cobro de cupos a personas naturales y jurídicas que se dedicaban al servicio de transporte público formal e informal, por el uso de paraderos informales, trámites de licencia de lunas oscurecidas y otras obligaciones relacionadas a la función de tránsito.
Asimismo, con la colaboración de funcionarios municipales, sus miembros habrían recibido beneficios económicos por el retiro irregular de vehículos del depósito municipal y la anulación de papeletas; así como por el cobro indebido a colegios privados por brindarles servicio de seguridad y ordenamiento vehicular.
El Ministerio Público reitera su compromiso prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos tutelados por la ley; así como velar por la recta y efectiva administración de justicia.