La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio de Salud (Minsa) la implementación del Sistema Nacional de Información de la Vigilancia Sanitaria del Agua, cuyo plazo para su ejecución venció hace siete años. Contar con ello, permitiría a cualquier persona o autoridad acceder a información sistematizada sobre la calidad del agua que se consume en el Perú.
El referido sistema debería proporcionar periódicamente los resultados de los parámetros microbiológicos, parasitológicos y químicos presentes en el agua que consume la población en el ámbito urbano y rural, con el fin de evaluar la mejora o deficiencias en los procesos de tratamiento a cargo de las empresas y entidades que prestan el servicio.
A pesar que en el año 2017 las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) gastaron más de S/ 66 millones en vigilar la calidad y destinar recursos para la desinfección y/o tratamiento del agua, el retraso en la implementación del referido sistema está vulnerando el derecho a la información de las personas. Este sistema también sería relevante en la toma de decisiones del Estado para salvaguardar la salud de las personas, proteger las fuentes de recursos hídricos e invertir en infraestructura de acceso y tratamiento del agua.
Por otro lado, se constató que en dicho año, el porcentaje promedio de ejecución del presupuesto asignado por el sector salud a estas acciones alcanzó el 86.6%; sin embargo existen cuatro (04) regiones en las que el porcentaje de gasto no superó el 60% de lo programado: Ucayali (39.2%), Moquegua (44.1%), Madre de Dios (59.6%) y Pasco (59.6%), pese a que en varias localidades de estas regiones, el abastecimiento de agua para consumo humano ha sido declarado en emergencia.
Cabe precisar que el Sistema Nacional de Información de la Vigilancia Sanitaria del Agua debió ser implementado en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, aprobado por Decreto Supremo 031-2010-SA. La Defensoría del Pueblo continuará atenta a la implementación de acciones que contribuyan al respeto y protección del derecho al acceso al agua segura de la población.