Autoridades alertan que la deforestación y contaminación con mercurio ya afectan gravemente a la Amazonía huanuqueña y reclaman declarar la zona intangible.
La Amazonía de Huánuco se encuentra en un punto crítico debido al avance descontrolado de la minería ilegal. Durante una reciente conferencia de prensa, el gobernador regional lanzó una contundente alerta: más de mil hectáreas en Puerto Inca han sido devastadas por esta actividad ilícita. La minería está arrasando con los valiosos bosques de la región, contaminando los ríos con mercurio y amenaza con transformar la zona en un nuevo “Madre de Dios”, generando un grave impacto ambiental y social.
Ante este alarmante panorama, la autoridad regional confirmó que ha elevado una solicitud formal y urgente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que se declare el estado de emergencia en Puerto Inca. Asimismo, se ha solicitado la declaratoria de intangibilidad de toda la zona afectada. El objetivo principal de estas medidas es frenar de inmediato el avance de la destrucción ambiental, que avanza a un ritmo acelerado y parece imparable sin una intervención a gran escala.
El pedido también ha sido remitido al Congreso de la República y a diversas instituciones competentes, con un enérgico llamado a la acción conjunta y coordinada. “No podemos permitir que Huánuco se convierta en un segundo Madre de Dios”, advirtió el gobernador, enfatizando que la Amazonía huanuqueña aún tiene una oportunidad de ser salvada, pero solo si se adoptan medidas inmediatas y sostenidas. Se reconoció el esfuerzo policial, pero se lamentó que las intervenciones, pese a la destrucción de maquinarias, no son suficientes, pues los mineros reingresan rápidamente con más equipos.
Las pruebas son contundentes: imágenes satelitales e informes técnicos presentados durante la conferencia revelan un paisaje desolador, con suelos estériles, lagunas artificiales severamente contaminadas y comunidades ribereñas en riesgo constante por la exposición al mercurio.
En este contexto, la autoridad regional recalcó que la lucha contra la minería ilegal trasciende las competencias locales, siendo un deber nacional que involucra la salud, el ambiente y el futuro de miles de familias. La declaratoria de emergencia busca no solo detener la actividad, sino establecer un marco para el control territorial y la recuperación ambiental.