Funcionarios aprobaron adicional de obras para sistemas de agua potable y alcantarillado sin sustento técnico ni legal.
La Contraloría General identificó que el Gobierno Regional Pasco pagó más de S/ 15 millones 957 mil a la empresa contratista a cargo del “Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pasco (EMAPA Pasco)” por trabajos que no eran necesarios para cumplir con el objetivo del proyecto, y sin contar con el sustento técnico ni legal correspondiente.
El proyecto consistía en la ejecución del sistema de agua potable (captación de agua, línea de conducción, dos reservorios, Planta de Tratamiento de Agua Potable-PTAP y líneas de distribución) y el sistema de alcantarillado (redes colectoras, buzones y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR) para la ciudad de Cerro de Pasco, por un monto superior a los S/ 148 millones.
La obra se inició en el año 2013 y por diversos hechos irregulares no ha sido concluida en perjuicio de aproximadamente 70 mil pobladores de la ciudad de Cerro de Pasco que desde hace muchos años anhelan contar con un servicio de agua potable y alcantarillado eficiente. Actualmente, solo parte de la población cuenta con el servicio a nivel domiciliario, pero de manera restringida y no permanente. El proyecto aún no cumple con su objetivo de incrementar la producción de agua potable y mejorar el abastecimiento.
El Informe de Auditoría identificó un perjuicio económico por la suma de S/ 398 mil por la inaplicación de penalidades al contratista por la entrega fuera de plazo del expediente técnico, y como consecuencia de mayores pagos al supervisor de obra por ampliaciones de plazo ocasionado por la falta de disponibilidad de terrenos.
En este caso se encuentran comprendidos 16 funcionarios y servidores públicos de la pasada gestión del gobierno regional, a quienes la Contraloría General determinó presunta responsabilidad civil, penal y administrativa.
Los resultados del control posterior fueron notificados a la actual autoridad regional, y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General, para el inicio de las acciones administrativas y legales que correspondan contra los funcionarios y servidores involucrados.