En un esfuerzo conjunto dirigido por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se llevó a cabo un operativo de erradicación de antenas emisoras y receptoras ilegales en las cercanías del penal Miguel Castro Castro. La iniciativa, llevada a cabo en coordinación con la Policía Nacional, Fiscalía de Prevención del Delito, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, tiene como objetivo fortalecer la zona de intangibilidad alrededor de los establecimientos penitenciarios en todo el país, protegiendo así el espacio aéreo y la seguridad en estos recintos.
Encabezado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, y el presidente del Consejo Nacional Penitenciario (CNP), Javier Llaque Moya, el operativo buscó identificar y desmantelar antenas ilegales incorporadas en viviendas cercanas al centro de reclusión, las cuales representaban una amenaza para la seguridad del penal.
En palabras del ministro Arana Ysa, estos operativos están diseñados para intervenir áreas próximas a los penales, detectando antenas ilegales que intentan socavar las medidas de seguridad. El ministro destacó la coordinación entre diversas instituciones para abordar la criminalidad organizada y mantener el principio de autoridad en los penales, brindando así seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.
Como resultado de la intervención, se logró desmantelar 18 antenas parabólicas, 6 antenas tipo plato, 5 switch, 2 routers inalámbricos, 5 adaptadores de voltaje, 1 cámara tipo domo, 1 batería, 1 cargador solar, entre otros dispositivos. Estos artefactos evidenciaron su uso para afectar el bloqueo de telefonía celular en el penal.
Javier Llaque Moya, presidente del CNP, señaló que esta segunda fase de operativos potenciará el bloqueo de telefonía celular en el penal Miguel Castro Castro. Afirmó que, si las investigaciones determinan la implicación de algún recluso, se tomarán medidas inmediatas.
El General PNP Carlos Céspedes Muñoz, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, elogió la cooperación entre instituciones, destacando que esta acción preventiva tiene como objetivo evitar actividades delictivas desde el interior del penal. La medida se ejecuta de acuerdo con el Decreto Legislativo N°1229, que prohíbe actividades comerciales o de vivienda dentro de 200 metros desde el perímetro de los establecimientos penitenciarios. Además, ninguna empresa operadora puede colocar antenas de telefonía móvil o satelital en dicha área.