Por: Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Más allá de la difícil coyuntura política que atraviesa el Perú, se vislumbra un panorama alentador respecto a la confianza de los inversionistas extranjeros en nuestro país, la cual se mantiene de acuerdo a informaciones de Moody’s. Dicha calificadora de riesgo además destacó la importancia de ser considerado el país con menor riesgo en la región.
Ello sin duda, nos genera mucho optimismo ya que es un indicador que se toma en cuenta a la hora de tomar decisiones empresariales. Y esto demuestra la solidez que ha logrado el país con mucho esfuerzo. Somos el único país de América Latina que ha mantenido su calificación crediticia con perspectiva estable en las tres principales calificadoras.
Sin embargo, ello no significa que debemos dormirnos en nuestros laureles, sino más bien seguir bregando por la misma senda que nos conducirá a un mejor futuro para todos. Debemos continuar generando las condiciones idóneas, brindando señales para la llegada de más inversiones, sobre todo de actividades claves como nuestra industria minera.
Hoy nos encontramos en uno de esos momentos donde el gobierno indefectiblemente debe actuar con mucha responsabilidad para defender el Estado de derecho y hacer cumplir las leyes establecidas en nuestro país. Y la situación del proyecto Tía María, sin duda, es un caso emblemático que marcará el derrotero del futuro de otros emprendimientos.
En ese sentido, esperamos definitivamente que el Consejo de Minería, órgano jurisdiccional adscrito al Ministerio de Energía y Minas, tome una decisión responsable y coherente basada en un sustento netamente técnico para resolver los recursos de revisión presentados por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres y distintas organizaciones sociales.
Recordemos que la cancelación de este importante proyecto (USD 1,400 millones de inversión) podría traer consecuencias negativas como la disminución de la confianza empresarial o la generación de un arbitraje internacional, como lo sucedido hace algunos años con la cancelación del proyecto minero Santa Ana, en Puno, que provocó una importante indemnización por parte del Estado peruano a la empresa Bear Creek.
Finalmente, nos preocupa sobremanera la situación que afrontan nuestras exploraciones mineras que descendieron en 54% en los últimos siete años. Dicha tendencia no ha sido la excepción este 2019 donde la inversión acumulada en dicho rubro en la primera mitad del año (enero – junio) registró una disminución interanual en 17.3%. Sin duda, aguardamos la reacción del gobierno para promover estas inversiones tan importantes no solo para el desarrollo de nuestra industria, sino para el futuro del país.